ABUSO A ANCIANOS:

Qué es el abuso de los ancianos?

El abuso de los ancianos incluye más que el maltrato físico, tal como el dar una golpe o amenazar con dañar. La forma más frecuente puede bien ser la del abuso financiero, cuando los proveedores del cuidado roban efectivo o la joyería y/o trampean o amenazan a un anciano para donar sus activos.

El abuso de los mayores incluye también a la negligencia criminal, por la cual un responsable del cuidado priva a alguien de medicina, alimentos, agua u otras necesidades.

El abuso de los ancianos cae dentro de las dos categorías agresivas de “doméstico” e “institucional.” El doméstico se refiere al abuso por parte de un miembro de la familia, un amigo o responsable del cuidado quien se encuentra en el hogar. El institucional se refiere al abuso en las instalaciones residenciales, tales como clínicas de cuidado, en donde los responsables del cuidado tienen una obligación legal o contractual de proporcionar atención y protección.

¿Cuán común es el mismo?

Las estadísticas sobre el abuso de los mayores son por lo general estimaciones antes que información sólida y las mismas varían extensamente. En su conclusión, el Relevamiento del Estado de los Servicios Protectores de los Adultos del 2000 indica que ha habido “un aumento del 61% respecto de 1996 en el número de declaraciones de ancianos abusados a nivel nacional y un espectacular aumento del 300% desde el primer sondeo en 1986.”

Las estimaciones citadas por el Centro Nacional para las Victimas del Crimen tienen un rango que va desde “una de cada diez personas que viven con un familiar está sujeta al abuso—aproximadamente 2.5 millones al año” hasta “una de cada veinticinco personas mayores es victimizada anualmente.”

Probablemente la respuesta más exacta la ofrece Lori Steigel, directora asociada de personal para la Comisión sobre Problemas Legales de la Ancianidad de la American Bar Association. “No podemos responder a las preguntas más elementales, como cuántas personas son abusadas cada año,” destaca Steigel. La razón es simple. A diferencia del abuso de la esposa o del hijo, el maltrato de los ancianos ha recibido poca atención.

El abuso de los mayores se convertirá en una acalorada cuestión política a medida que la generación de los 60 vea aproximarse la vejez y, así pues, demande protección. A exigencia es probable que sea para la “tolerancia cero”—es decir, para que los profesionales médicos diagnostiquen agresivamente el abuso, para que los trabajadores sociales supervisen las situaciones de vida, para que la profesión legal enjuicie entusiastamente a los abusadores. En resumen, para más gobierno.

Más gobierno es la solución equivocada, por varias razones.

Siempre que una persona es atacada o amenazada, es apropiado apelar a la ley. Pero gran parte del actual derecho de familia tiene poco que ver con la prevención o el castigo de la violencia real. Por ejemplo, las leyes matrimoniales y sobre el divorcio tratan sobre todo con cuestiones no criminales. Yendo más allá de controlar la violencia verdadera, el gobierno usurpa el rol desempeñado tradicionalmente por la familia y, al hacerlo, lesiona a esa institución.

Las leyes contra el abuso de los ancianos muy probablemente se parecerían a aquellas contra el abuso de los niños, a los cuales los ancianos se encuentran a menudo vinculados. Tales leyes protectoras del niño son tan amplias que incluyen a las condiciones que no amenazan su salud y a las creencias personales de los padres—ej.: la negativa a vacunar a los niños. La finalidad de interceder es a menudo la de colocar al niño bajo la supervisión gubernamental—para remover al niño del hogar. Pero remover a los ancianos de sus familias no solucionaría el abuso, gran parte del cual acontece en instituciones administradas o reguladas por le gobierno.

Cuando la violencia ocurre en la familia, la ley intercede correctamente pero lo hace de una forma que a menudo descarta los derechos de la víctima. Por ejemplo, los cargos de violencia doméstica pueden ser presentados ya sea que la víctima lo desee o no. Esto tiene implicancias siniestras para el derecho de los ancianos de rechazar la “asistencia” del gobierno.